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Como ciudadano ecuatoriano, creo firmemente que los presupuestos participativos son una herramienta poderosa para fortalecer la democracia desde abajo. No se trata solo de decidir en qué se gasta el dinero público, sino de reconocer que la ciudadanía tiene el derecho y la capacidad de incidir en las decisiones del Estado.
Desde la Constitución de 2008 y el COOTAD, se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben construir sus presupuestos de forma participativa 1. Esto significa que no basta con que las autoridades planifiquen desde sus escritorios: deben salir al territorio, escuchar a las comunidades, y co-construir el desarrollo.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces este proceso se vuelve simbólico. Se hacen reuniones, sí, pero sin información clara, sin criterios técnicos compartidos, y sin seguimiento real. ¿De qué sirve participar si luego no se ejecuta lo acordado? La participación debe ser vinculante, informada y transparente.
También es importante que la ciudadanía esté preparada. No podemos exigir participación si no capacitamos a la gente en temas de planificación, presupuestos y control social. La participación no es solo un derecho, es también una responsabilidad compartida.
Por eso, propongo que se fortalezcan los espacios de formación ciudadana, se digitalicen los procesos para mayor acceso, y se garantice que lo decidido en los presupuestos participativos se cumpla y se rinda cuentas públicamente. Solo así, la planificación dejará de ser un privilegio técnico y se convertirá en un acto democrático real.
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