Presupuesto participativo, la democracia activa y la transparencia

[Lidda Campos]

La implementación del presupuesto participativo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) constituye una de las herramientas más concretas para hacer realidad el principio constitucional de participación ciudadana protagónica consagrado en el artículo 95 de la Constitución del Ecuador. No se trata únicamente de un mecanismo de consulta, sino de un proceso democrático deliberativo en el cual la ciudadanía deja de ser un espectador pasivo para convertirse en corresponsable de la asignación de recursos públicos.

Desde una perspectiva técnico-política, este instrumento permite identificar prioridades locales con base en necesidades reales, fortaleciendo la planificación territorial desde abajo, especialmente en contextos de alta desigualdad o exclusión social. En efecto, su aplicación correcta favorece la equidad territorial, dando visibilidad a sectores históricamente marginados —como mujeres, campesinos, jóvenes e indígenas— quienes suelen quedar fuera de los esquemas tradicionales de inversión pública.

Además, el presupuesto participativo fomenta la transparencia y el control social, ya que la ciudadanía puede monitorear el cumplimiento de lo decidido colectivamente. Esto contribuye a prevenir prácticas clientelares o discrecionales, y promueve una cultura de rendición de cuentas desde los gobiernos locales.

Sin embargo, para que este mecanismo funcione adecuadamente, es necesario contar con procesos de capacitación ciudadana, metodologías claras, voluntad política desde las autoridades y una institucionalidad local que facilite el acceso inclusivo a la información y al debate.

Por tanto, el presupuesto participativo no solo es viable: es indispensable para fortalecer la gobernanza democrática y la justicia territorial. Su correcta implementación puede marcar la diferencia entre una planificación centralizada y tecnocrática, y una planificación pública legítima, inclusiva y sostenible.

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