La participación ciudadana en todas las etapas de las políticas públicas es fundamental para garantizar que las decisiones reflejen realmente las necesidades y prioridades de la comunidad, lo que fortalece la legitimidad y efectividad de dichas políticas. Cuando los ciudadanos están involucrados desde el diagnóstico hasta la evaluación, se promueve la transparencia, se fomenta la confianza en las instituciones y se reducen los riesgos de implementación deficiente o rechazo social. Además, esta inclusión contribuye a identificar problemas reales y soluciones más innovadoras, enriqueciendo el proceso y asegurando un desarrollo más equitativo y sostenible. Por eso, hacer obligatoria esta participación es un paso esencial para una democracia más fuerte y políticas públicas exitosas.