La participación ciudadana es un pilar fundamental en la creación de políticas públicas, ya que garantiza que estas respondan a las necesidades reales de la población, promoviendo la legitimidad, transparencia y efectividad de las decisiones gubernamentales. La participación ciudadana asegura que las comunidades locales, especialmente las vulnerables, tengan voz en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, fortaleciendo su apropiación y uso responsable.

La participación ciudadana dota a las políticas públicas de **legitimidad democrática** al involucrar a los ciudadanos en la identificación de problemas, la formulación de soluciones y la evaluación de resultados, asegurando que las políticas reflejen las prioridades colectivas. En Ecuador, la Constitución de 2008 (Artículo 100) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010) establecen la participación ciudadana como un derecho y una obligación del Estado, promoviendo mecanismos como asambleas, consultas y comités comunitarios.

Por otro lado, la participación ciudadana fortalece la **transparencia y rendición de cuentas**, reduciendo la desconfianza hacia las instituciones públicas y mejorando la eficiencia en el uso de recursos.