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La participación ciudadana es un principio fundamental del Estado democrático y constitucional de derechos y justicia que proclama la Constitución de la República del Ecuador (2008). En el artículo 95 se reconoce que los ciudadanos, individual y colectivamente, tienen el derecho a participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, entre la formulación constitucional y la aplicación práctica persiste una brecha crítica que limita la incidencia real de la ciudadanía en la definición de políticas públicas.
En el contexto ecuatoriano, si bien existen mecanismos institucionalizados como los consejos ciudadanos sectoriales, audiencias públicas, presupuestos participativos y veedurías, en la práctica muchos de estos espacios han sido cooptados por intereses partidistas, burocráticos o clientelares. En lugar de fomentar un diálogo abierto y plural, terminan reproduciendo decisiones preestablecidas desde el poder central, donde la participación ciudadana se convierte más en una formalidad procedimental que en un instrumento de transformación democrática.
El problema no es únicamente institucional, sino también estructural y cultural. La participación suele estar condicionada por asimetrías de información, baja educación cívica y desigualdades territoriales. Por ejemplo, en comunidades rurales o indígenas, donde el acceso a tecnologías, información o incluso representación legal es limitado, la posibilidad de incidir en políticas públicas nacionales o regionales es casi inexistente. Esto genera una falsa participación, donde se consulta pero no se incorpora realmente la voz de los actores sociales
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