La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas es fundamental porque asegura que las políticas sean pertinentes y respondan a las verdaderas necesidades y prioridades de la población. Cuando los ciudadanos se involucran, se fortalece la legitimidad y la aceptación de las políticas, facilitando su implementación.
Además, su participación aporta diversas perspectivas y conocimientos locales, que enriquecen el diseño y evitan errores. Permite un escrutinio público que mejora la transparencia y la rendición de cuentas, reduciendo la corrupción y la influencia indebida de grupos de interés. En última instancia, promueve una democracia más robusta, inclusiva y equitativa, donde el poder es compartido y las decisiones reflejan el bien común.
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