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El éxito de las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo sostenible depende en gran medida de un marco legal sólido y claro que regule tanto su diseño como su ejecución. Desde la perspectiva jurídica, el Estado debe garantizar que las políticas estén respaldadas por leyes y normativas que definan derechos, obligaciones y procedimientos, asegurando así seguridad jurídica y coherencia institucional.
Un marco legal adecuado no solo establece las bases para la planificación y financiamiento de las políticas, sino que también define mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, fundamentales para su legitimidad y eficacia. Sin un soporte normativo que garantice estos elementos, las políticas corren el riesgo de ser arbitrarias, poco inclusivas o susceptibles a la corrupción.
Además, la existencia de un sistema judicial independiente y accesible permite que los ciudadanos y organizaciones puedan reclamar sus derechos cuando las políticas públicas no cumplen con sus objetivos o vulneran garantías fundamentales. Esto fortalece el Estado de Derecho y promueve un desarrollo equitativo.
Por último, la adaptación constante del marco legal a las nuevas realidades sociales, económicas y ambientales es clave para responder a los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible. La legislación debe ser dinámica y flexible, sin perder la certeza jurídica, para incorporar avances tecnológicos, cambios sociales y exigencias internacionales.
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