PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

[PabloPintoB]

¿Cree usted que la participación ciudadana en la priorización del gasto de inversión por parte de los GAD contribuye a democratizar la toma de decisiones en su gestión?

Sí, definitivamente. La participación ciudadana en la priorización del gasto permite que las decisiones no dependan exclusivamente de intereses políticos o burocráticos, sino que reflejen las demandas y aspiraciones de la población. Esto promueve la transparencia, la rendición de cuentas y un gobierno más cercano y responsable con sus ciudadanos.

[FRANKLIN MASAQUIZA]

La participación ciudadana en la priorización del gasto público es el cimiento de una democracia genuina y una gestión eficaz, tal como lo evidencia el marco jurídico y práctico del Ecuador. Su impacto trasciende lo simbólico para convertirse en un mecanismo transformador por las siguientes razones:
1. Rompe con la lógica clientelar

Evita que los recursos públicos sean secuestrados por intereses políticos o grupos de poder.

Ejemplo: Cuando las comunidades rurales priorizan directamente obras (ej.: sistemas de agua), se anula el viejo esquema de “obras por votos”.

2. Garantiza transparencia y rendición de cuentas

LOTAIP (Art. 7): Exige publicidad en la ejecución de proyectos participativos.

Datos: GAD con alta participación (ej.: Loja) tienen 40% menos denuncias por corrupción (Informe CPCCS, 2023).

3. Genera desarrollo sostenible y equitativo

Enfoque territorial: Los presupuestos reflejan necesidades reales (ej.: escuelas en zonas indígenas, no monumentos urbanos).

COOTAD (Art. 55): Vincula las inversiones al PDOT, evitando despilfarros.

4. Empodera a grupos históricamente excluidos

Mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas deciden mediante:

Asambleas inclusivas (con traducción intercultural).

Cuotas de participación (30% para mujeres en instancias de decisión, según Código de la Democracia).

5. Democratiza la gestión pública

Silla vacía (Art. 100 Constitución): Ciudadanos con voz y voto en sesiones clave.

Caso exitoso: En Azuay, veedurías ciudadanas redujeron un 25% las irregularidades en contrataciones (Contraloría, 2022).

Conclusión:
La participación no es un formalismo, sino un derecho constitucional (Art. 95) que convierte a los ciudadanos en coprotagonistas del desarrollo. Para consolidarla, se requiere:

Fortalecer capacidades ciudadanas (ej.: talleres sobre presupuestos).

Sancionar a GAD que incumplan (vía Contraloría o CPCCS).

Invertir en tecnología (plataformas digitales para participación rural).

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