Presupuestos participativos: Donde los ciudadanos deciden directamente cómo se asignan ciertos recursos, al menos en propuesta.
Asambleas deliberativas y jurados ciudadanos: Espacios representativos con formación previa para opinar sobre políticas específicas.
Consultas vinculantes en comunidades afectadas: Especialmente en temas ambientales o territoriales.
Uso de tecnologías inclusivas: Plataformas digitales accesibles para consultas y propuestas, acompañadas de capacitación.
Diálogo intercultural: Donde se respeten y valoren formas distintas de ver el mundo, especialmente en pueblos originarios.
La participación de los ciudadanos es básica porque a partir de una decisión legal puede aumentar la confianza en las organizaciones, dando a los ciudadanos un papel positivo; mejora la calidad política, ya que proporcionan información valiosa sobre su realidad, necesidades y prioridades que el gobierno no puede ver; Fortalece la democracia desde la conciencia de los derechos civiles activos y la cultura civil. Por último, fomenta las responsabilidades generales cuando todos están involucrados.