La participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad para colaborar en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de asuntos de interés público. Si bien la Constitución y otras normas legales la respaldan ampliamente, en la práctica se observa que en ocasiones esta participación no llega a cumplir con su finalidad.
Mecanismos como la silla vacía o las veedurías ciudadanas, aunque previstos en la Ley, muchas veces quedan reducidos a procedimientos formales que no garantizan una incidencia efectiva en la toma de decisiones. Por ello, es necesario que tanto autoridades como ciudadanos trabajen para que estos espacios cumplan con su propósito, fortaleciendo la participación y contribuyendo a una planificación y gestión pública más clara, responsable e inclusiva.