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La participación ciudadana constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Es especialmente relevante que en este proceso se involucre activamente a las comunidades, barrios y ciudadelas, ya que en estos espacios territoriales se gestan y manifiestan de manera directa las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de la población. La participación desde estos ámbitos locales permite que los ciudadanos y ciudadanas expresen sus demandas ante las autoridades competentes, estableciendo un canal de comunicación efectivo para que sus inquietudes sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones públicas. De esta manera, se fomenta no solo la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado, sino también la inclusión de diversos actores en la planificación y gestión de políticas públicas, garantizando que las soluciones respondan a las realidades y prioridades concretas de cada territorio. Por ende, la participación comunitaria es un mecanismo indispensable para asegurar la pertinencia, legitimidad y eficacia de las acciones gubernamentales orientadas al bienestar colectivo.