La colaboración entre el gobierno y distintos actores —como empresas privadas, organizaciones sociales, ONGs, universidades y ciudadanía— genera múltiples beneficios para la formulación y aplicación de políticas públicas. Esta cooperación permite sumar recursos, ideas, conocimientos y capacidades técnicas que el Estado, por sí solo, muchas veces no posee.
Gracias a esta alianza, se logran soluciones más integrales, innovadoras y ajustadas a las necesidades reales de la población. Además, se promueve la transparencia, la corresponsabilidad social y la eficiencia en la ejecución de proyectos. Otro beneficio importante es que se fortalece la confianza entre la sociedad y el Estado, lo que impulsa un desarrollo sostenible, equitativo y con mayor impacto positivo para todos.