
Estoy totalmente de acuerdo en que la participación ciudadana permite que las personas incidan de forma protagónica en la gestión de lo público. Es un derecho que está en nuestra Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana, y nos da la posibilidad de intervenir en decisiones importantes a través de asambleas, cabildos, veedurías, consejos consultivos, presupuestos participativos, entre otros espacios.
Pero también creo que todavía falta mucho para que todas y todos conozcamos estos mecanismos y sepamos cómo usarlos. En muchos casos, las personas no participan no porque no quieran, sino porque nadie les ha explicado cómo hacerlo o no se han abierto espacios reales de diálogo y escucha.
Por eso, pienso que es clave informar, formar y motivar a la ciudadanía, desde los barrios, comunidades y recintos. Cuando la gente sabe que puede proponer, vigilar y construir junto a sus autoridades, se fortalece el compromiso, se reducen los niveles de desinterés y se empiezan a generar cambios reales, desde abajo.
La participación no debería ser un privilegio para unos pocos informados, sino un derecho vivo para todas y todos.