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Para fortalecer la cohesión social en mi comunidad, un barrio en Guayaquil, me centraría principalmente en la dimensión de la Cohesión Horizontal y su pilar fundamental, la Confianza Interpersonal. Considero que antes de poder interactuar eficazmente con el Estado (cohesión vertical), es indispensable que los vecinos construyamos confianza y vínculos sólidos entre nosotros. La meta sería transformar un conjunto de residentes en una verdadera comunidad con objetivos comunes, aplicando los conocimientos y mecanismos que la propia legislación ecuatoriana nos proporciona.
cohesión social y la confianza presenta un panorama complejo y lleno de matices, analizado a la luz de los conceptos estudiados. La cohesión horizontal, es decir, los vínculos entre ciudadanos, es fuerte dentro de núcleos familiares y de amistad, pero se muestra más frágil a nivel barrial o comunitario. Si bien existen mecanismos como los comités barriales, la percepción de inseguridad a menudo limita la interacción espontánea en espacios públicos, un factor clave para tejer lazos de confianza interpersonal. No obstante, se observan actos de solidaridad y cooperación, especialmente en respuesta a crisis o para la organización de eventos culturales y deportivos locales
En un barrio de Guayaquil, los vecinos observan con preocupación que el único parque de la zona está abandonado, generando inseguridad y privando a los niños de un espacio de recreación. Este problema común despierta un sentido de pertenencia y una identidad compartida: el deseo de tener un barrio mejor y más seguro.
Varios vecinos deciden actuar. Organizan reuniones, creando un comité barrial para abordar el problema. Esta acción de autoorganización entre pares para resolver un problema común es la manifestación de la cohesión horizontal. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el COOTAD reconocen a los barrios como “unidades básicas de participación ciudadana”, lo que legitima su organización.
La colaboración entre diversos actores en la fase de implementación genera beneficios cruciales para el éxito de una política pública:
Corresponsabilidad y apropiación: Cuando los compromisos se han adquirido de forma participativa, los actores se involucran en la ejecución, ya sea de manera directa o indirecta, generando un sentido de pertenencia y corresponsabilidad.
Sinergia y optimización de recursos: Permite trabajar de manera cooperativa y colectiva, articulando acciones y combinando recursos (materiales, humanos, tecnológicos) que cada actor puede aportar para alcanzar los objetivos.
Supervisión y control social efectivo: La colaboración facilita la creación de mecanismos de supervisión como veedurías ciudadanas y observatorios, que verifican si las acciones contribuyen al logro de los objetivos y cómo se manejan los fondos, asegurando una correcta ejecución.
Para asegurar la inclusión de todas las voces, especialmente las de los grupos más vulnerables, se deben aplicar los siguientes principios y mecanismos establecidos en la normativa:
Aplicación de principios constitucionales: La participación debe regirse por los principios de igualdad, interculturalidad, paridad de género y respeto a la diferencia, sin discriminación alguna.
Implementación de acciones afirmativas: La ley exige la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la participación igualitaria y real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad.
Creación de espacios específicos: Se deben conformar y fortalecer instancias como los Consejos para la Igualdad y los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, que se enfocan en los grupos de atención prioritaria.
Fomento de la organización: El Estado, en todos sus niveles, debe promover la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones sociales existentes, que son la expresión de la soberanía popular.
La participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental porque transforma la gestión pública y fortalece la democracia. Su importancia radica en que:
Mejora la calidad y efectividad de las políticas: Al incluir a la ciudadanía, las decisiones y políticas responden a problemas y necesidades reales del territorio, lo que aumenta su efectividad.
Aumenta la legitimidad y el respaldo: La participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones contribuye a la legitimidad de las acciones públicas y genera respaldo ciudadano a la gobernabilidad.
Fortalece la democracia y el poder ciudadano: La participación es un derecho y un proceso permanente de construcción del poder ciudadano, que amplía y profundiza la democracia participativa.
Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas: Es un principio que permite el control social de planes, políticas y programas, asegurando la transparencia en el uso de los recursos públicos.